Siete demandas, incluyendo una presentada por un ciudadano de Loja, ya fueron ingresadas a la Corte Constitucional para frenar el Decreto Ejecutivo 153, con el que el presidente Daniel Noboa insiste en convocar a una Asamblea Constituyente. Los recurrentes alegan que la medida vulnera la Constitución y el orden democrático.

Para los ecuatorianos, especialmente los lojanos, esta noticia no es un simple trámite judicial. El decreto 153 pretende reformar la estructura del Estado, y el resultado de estas demandas definirá si el presidente puede o no avanzar con su plan sin consultar al pueblo o a la Asamblea Nacional. Es un tema que toca directamente la participación ciudadana y los límites del poder presidencial.

¿Qué está en juego?

El decreto 153 fue firmado por Noboa en febrero de 2025, argumentando la necesidad de una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo de gobierno. Sin embargo, críticos aseguran que el proceso es inconstitucional porque salta el mecanismo de enmienda o reforma parcial previsto en la Carta Magna. La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre si admite o no las demandas.

• Siete demandas ya presentadas: tres de ciudadanos particulares, dos de movimientos políticos, una de un colectivo jurídico y una de un ciudadano lojano.
• El argumento central: el presidente no tiene facultades para convocar a una Constituyente sin pasar por un referéndum o aprobación legislativa previa.
• Plazo para la Corte: debe resolver en un máximo de 45 días si las demandas son admitidas, y luego dictar sentencia en otros 30 días.

Lo que viene ahora

La Corte Constitucional tiene en sus manos la decisión de si el decreto 153 sigue en pie o se suspende. De ser admitidas las demandas, se abriría un debate nacional sobre los límites del Ejecutivo. Mientras tanto, el presidente Noboa mantiene su postura de que la Constituyente es el único camino para sacar al país de la crisis institucional. Los ecuatorianos deben estar atentos a la resolución, que podría llegar antes de abril de 2025.

La pugna jurídica está servida. Lo que decida la Corte definirá el rumbo político del Ecuador en los próximos meses, y los lojanos, con su demanda, ya son parte de la historia.

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