La inseguridad no da tregua y, según expertos, uno de los motores del problema es la falta de recursos: no hay suficiente dinero, jueces ni fiscales para enfrentar el crimen. En Loja, la sensación de vulnerabilidad crece mientras las fiscalías están colapsadas.

Para el ciudadano común, esto significa que muchos delitos quedan impunes. Los procesos judiciales se eternizan, las denuncias se archivan y los delincuentes regresan a las calles. Es una crisis que golpea directamente la confianza en las instituciones.

¿Por qué estamos en esta situación?

Ecuador arrastra años de recortes presupuestarios en el sistema judicial. La pandemia, la recesión y la priorización de otros gastos han dejado a la Función Judicial sin margen para contratar más jueces, fiscales o personal de apoyo. Según datos oficiales, la carga de trabajo por funcionario es insostenible.

• Falta de jueces: hay menos de 1 juez por cada 20 mil habitantes, muy por debajo del estándar recomendado.
• Fiscales saturados: cada fiscal maneja cientos de casos activos, lo que retrasa investigaciones clave.
• Presupuesto insuficiente: las partidas para justicia no alcanzan para infraestructura, tecnología ni salarios competitivos.

Lo que viene ahora

Sin una inyección urgente de recursos, la crisis seguirá agravándose. Algunos sectores piden un pacto nacional por la seguridad que garantice financiamiento estable. Mientras tanto, el ciudadano debe exigir transparencia en el gasto público y apoyar propuestas que prioricen la justicia.

La seguridad no es solo cuestión de policías y militares: sin un sistema judicial fuerte, cualquier esfuerzo será en vano. En Loja y en todo Ecuador, el mensaje es claro: necesitamos jueces y fiscales, y eso cuesta dinero.

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