Ecuador tiene las herramientas legales para declarar terrorismo, pero la voluntad política y la aplicación son el verdadero reto. Tras los ataques de bandas criminales, el debate regresa con fuerza.

Para el lector de Loja, esta discusión no es lejana: en enero de 2024, la provincia vivió toques de queda y violencia que paralizaron la actividad. Saber si el Estado usará esta figura legal define cómo se protegerá a la ciudadanía.

El sustento legal que ya existe

• COIP: el artículo 366 tipifica actos terroristas con penas de hasta 26 años de prisión.
• Normativa internacional: resoluciones de la ONU y la OEA permiten calificar como terrorismo acciones de grupos que siembren terror en la población.
• Precedentes: otros países de la región han usado esta figura contra organizaciones criminales transnacionales.

Lo que viene ahora

La declaración formal depende de la Fiscalía y la Corte Nacional, pero también de evidencias que vinculen a las bandas con actos de terror. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad pueden solicitar medidas excepcionales, como estados de excepción focalizados. El ciudadano debe estar atento a las decisiones judiciales que marcarán un antes y un después.

Loja, como puerta de entrada a la Amazonía y zona fronteriza, no está exenta: la vigilancia y la denuncia ciudadana serán claves para evitar que estos grupos operen en el sur del país.

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