La Unidad de Cooperación Operativa (UCO) ha trazado el origen de las llamadas ‘cloacas del Estado’ hasta el exasambleísta Fabricio Cerdán, con la empresa Servinabar como principal vehículo de ganancias ilícitas desde 2021. El informe, difundido este jueves, revela una trama que involucra a funcionarios públicos y empresarios.

Para el lector ecuatoriano, esta noticia no es solo política: toca la fibra de cómo se gestan redes de corrupción que afectan la confianza en las instituciones y, en última instancia, los servicios que recibe la ciudadanía. En Loja, donde persisten rezagos en transparencia, el caso resuena como un llamado a la vigilancia ciudadana.

El contexto detrás del informe

La UCO ha detallado que Servinabar, una empresa de seguridad y logística, operó como fachada para canalizar sobornos y pagos irregulares. Cerdán, según el documento, habría coordinado desde su curul en la Asamblea Nacional parte de estas operaciones, aprovechando su posición para desviar fondos públicos.

• Servinabar recibió contratos públicos por más de 2 millones de dólares entre 2021 y 2023, sin que se registren los servicios contratados.
• El informe vincula a Cerdán con altos funcionarios del Ministerio del Interior, quienes habrían facilitado los pagos.
• La UCO identificó transferencias a cuentas personales de Cerdán desde empresas pantalla, con un total estimado de 800 mil dólares.

Lo que viene ahora

La Fiscalía General del Estado ya ha abierto una investigación preliminar. Se esperan citaciones a testigos y posibles allanamientos en los próximos días. La Asamblea Nacional, por su parte, evalúa si Cerdán debe enfrentar un juicio político.

El caso no es ajeno a Loja: Servinabar tenía una oficina en la ciudad y algunos contratos con el municipio local están bajo revisión. La lección para el lector: la corrupción tiene nombres, empresas y rutas que, con información y presión ciudadana, pueden cortarse.

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