“No queremos que otros niños sufran lo mismo que nosotros”. Con esa frase, un grupo de supervivientes de abusos sexuales cometidos en el colegio La Salle se presentó ante el Parlamento vasco para exigir cambios legislativos que eviten la impunidad. Su grito resuena también en Ecuador, donde cada año se registran miles de denuncias por violencia sexual infantil.

Para el lector ecuatoriano, este caso es un espejo. En nuestro país, la prescripción de delitos sexuales contra menores y la falta de mecanismos de protección han sido denunciadas por organizaciones como la Fundación Desafío. La diferencia es que en España el debate llega al Parlamento; aquí sigue atrapado en promesas.

Contexto: décadas de silencio

Las víctimas de La Salle alzaron la voz después de que, en 2021, se destapara una red de abusos en varios colegios de la congregación en España. Muchos delitos habían prescrito, y los responsables quedaron sin castigo. Hoy piden:

• Ampliar plazos de prescripción para que los delitos sexuales contra menores puedan ser juzgados incluso décadas después.
• Crear una comisión independiente de la verdad que investigue todos los casos, sin importar el tiempo transcurrido.
• Proteger al denunciante contra la revictimización en los procesos judiciales.

Lo que viene ahora

El Parlamento vasco ha escuchado los testimonios, pero aún no hay una fecha para votar las reformas. En Ecuador, el caso debe ser una alerta. La sociedad civil, los medios y los ciudadanos tienen la oportunidad de presionar para que el Congreso debata la extensión de los plazos de prescripción y fortalezca la protección infantil. Mientras tanto, las víctimas siguen contando los días para que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho.

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